EL DECRETO-LEY 2/2013, de 21 de Noviembre por el que se
regulan las medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias
afectadas por la crisis, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de
exclusión social de Castilla y León, trae a primer plano el drama social que
está generando la deuda hipotecaria cuando un tercio de la población activa
está en paro y otro tercio ha visto disminuir, dramáticamente, su nivel de
vida.
La renta per-cápita de los españoles, ha sido, sin duda, la
gran perjudicada de la presente crisis financiera. El único recursos
disponible, el único que le quedaba España, era la devaluación de nuestro nivel
de vida que, como era esperable, ha desencadenado un sin número de emergencias
sociales y humanitarias.
La Junta mueve ficha y no cabe la imputación de
electoralismo o clientelismo. La situación en muchos hogares es dramática.
Bienvenida sea la medida.
Lo ha hecho, también hay que decirlo, con alguna
improvisación, con errores de fondo. El paquete de medidas incluye la
financiación de cuotas hipotecarias a fondo perdido, innecesaria (ya existen
instrumentos jurídicos nacionales de altísima eficacia). Recursos que debieran
asignarse a alimentos, recibos de agua, luz y telecomunicaciones o alquiler
social.
Te lo cuento desde mi blog personal y te lo cuenta Victoria Gurpegui.
Te lo cuento desde mi blog personal y te lo cuenta Victoria Gurpegui.
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